La Ley 9/2017 establece una serie de prohibiciones de contratar que tienen como objetivo garantizar la transparencia y la integridad en la contratación pública. Estas prohibiciones se aplican tanto a los órganos de contratación como a los licitadores y contratistas.
Para realizar un análisis exhaustivo de estas prohibiciones, es necesario entender en primer lugar cuáles son las situaciones que se consideran prohibidas. La Ley establece que no podrán contratar con el sector público aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
1. Haber sido condenadas por delitos relacionados con la corrupción, el fraude, la falsedad documental o cualquier otro delito que pueda afectar a la integridad de la contratación pública. Esta prohibición se extiende a los administradores o representantes legales de las personas jurídicas.
2. Haber incurrido en faltas graves en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o de la Seguridad Social.
3. Haber sido sancionadas por infracciones graves en materia de contratación pública.
4. Haber incumplido de manera grave los contratos anteriores con el sector público.
Una vez identificadas estas prohibiciones, es necesario realizar un análisis profundo de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de las condenas por delitos relacionados con la corrupción, es importante evaluar si la condena es firme y si el delito cometido guarda relación directa con la contratación pública.
En el caso de las faltas graves en el cumplimiento de obligaciones fiscales o de la Seguridad Social, es necesario analizar si el incumplimiento es puntual o reiterado, y si ha existido un perjuicio económico para la Administración Pública.
En cuanto a las sanciones por infracciones graves en materia de contratación pública, es importante revisar cuáles son las infracciones tipificadas como graves y si la sanción impuesta es proporcional a la gravedad de la infracción cometida.
Finalmente, en el caso de los incumplimientos graves de contratos anteriores, es necesario evaluar si el incumplimiento ha sido imputable al licitador o contratista y si ha existido un daño económico o material para la Administración Pública.
Prohibiciones de contratar según la Ley 9/2017
La Ley 9/2017 establece diversas prohibiciones de contratar a las cuales las entidades del sector público deben ceñirse. Algunas de estas prohibiciones incluyen:
1. Conflictos de interés: Se prohíbe contratar con empresas en las que haya personas que tengan cargos directivos o participaciones significativas y que, a su vez, tengan intereses en la entidad contratante.
2. Penalizaciones por incumplimientos: Se establece que las empresas que hayan sido condenadas por delitos cometidos en el ejercicio de su actividad económica, como corrupción o fraude, no podrán contratar con el sector público.
3. Deudas tributarias: Las empresas con deudas tributarias no podrán contratar con el sector público, a menos que presenten un plan de pagos aprobado por la Administración correspondiente.
4. Conflicto de intereses en la contratación pública: Se prohíbe contratar con empresas en las que haya personas que hayan participado en la elaboración de los pliegos de contratación o en la toma de decisiones sobre la adjudicación del contrato.
Estas son solo algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley 9/2017. Es importante tener en cuenta que la contratación pública debe realizarse de manera transparente y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las empresas.
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En conclusión, es fundamental tener en cuenta las prohibiciones de contratar establecidas en la Ley 9/2017 para garantizar la transparencia y la competencia en los procesos de contratación pública. Cumplir con estas restricciones es clave para evitar posibles sanciones y asegurar la igualdad de oportunidades para todos los participantes. ¡Gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo!