La Ley 39/2015 establece los derechos y responsabilidades que tienen las personas en su capacidad de obrar. La capacidad de obrar se refiere a la capacidad que tiene una persona para realizar actos jurídicos y ejercer derechos y obligaciones.
La ley establece que todas las personas mayores de edad tienen capacidad de obrar plena, es decir, pueden realizar cualquier tipo de acto jurídico y ejercer todos sus derechos y obligaciones. Sin embargo, también contempla casos en los que las personas pueden tener una capacidad de obrar limitada.
En primer lugar, la ley reconoce que las personas que sufren de enfermedades mentales o discapacidades psíquicas pueden tener una capacidad de obrar limitada. En estos casos, se establece la figura de la tutela o la curatela, que son medidas de protección que permiten a otra persona tomar decisiones en nombre de la persona con capacidad limitada.
Además, la ley establece que los menores de edad también tienen una capacidad de obrar limitada. En el caso de los menores de 16 años, se considera que no tienen capacidad de obrar y, por lo tanto, deben ser representados por sus padres o tutores legales. A partir de los 16 años, los menores tienen capacidad de obrar limitada y pueden realizar ciertos actos jurídicos, pero deben contar con el consentimiento de sus padres o tutores.
La ley también establece que las personas que están bajo medidas de protección, como la incapacitación judicial, pueden tener una capacidad de obrar limitada. En estos casos, se designa a un tutor o curador que se encarga de tomar decisiones en nombre de la persona protegida.
En cuanto a los derechos y responsabilidades de las personas con capacidad de obrar plena, la ley establece que tienen el derecho de participar en la vida política, económica, social y cultural del país. También tienen el derecho de ejercer su libertad de expresión, de asociación y de reunión. Además, tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los demás y de cumplir con las leyes y normas establecidas.
Nueva Ley 40/2015: cambios legales.
La Nueva Ley 40/2015 ha traído consigo importantes cambios legales en diversos ámbitos. Algunos de los cambios más relevantes son:
1. Cambios en el ámbito administrativo: esta ley establece nuevas regulaciones en materia de procedimiento administrativo, agilizando los trámites y simplificando los procedimientos.
2. Cambios en el ámbito de contratación pública: se introducen medidas para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en los procesos de contratación del sector público.
3. Cambios en el ámbito de las subvenciones: se establecen nuevas normas para la concesión y gestión de subvenciones, con el objetivo de mejorar su eficacia y evitar posibles fraudes.
4. Cambios en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: se establecen reglas más claras y precisas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas en caso de daños causados a los ciudadanos.
5. Cambios en el ámbito de los procedimientos tributarios: se introducen medidas para simplificar y agilizar los procedimientos de gestión, liquidación e inspección tributaria.
Estos son solo algunos de los cambios más relevantes que introduce la Nueva Ley 40/2015. La ley busca modernizar y mejorar la gestión de la Administración Pública, agilizando los trámites y garantizando la transparencia en los procesos.
Ley 39/2015 simplifica trámites administrativos
La Ley 39/2015 tiene como objetivo simplificar los trámites administrativos en España. Esta ley establece nuevas reglas y procedimientos para agilizar los procesos burocráticos. Algunas de las principales medidas incluyen:
1. Digitalización de trámites: La ley impulsa el uso de tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública. Esto permite realizar trámites de forma electrónica, evitando desplazamientos y ahorrando tiempo.
2. Administración electrónica: La ley establece que todas las administraciones públicas deben ofrecer servicios y trámites electrónicos. Esto facilita la realización de gestiones sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas públicas.
3. Simplificación de procedimientos: Se establecen nuevos procedimientos administrativos más ágiles y sencillos. Además, se reducen los plazos de respuesta de la administración, lo que agiliza la resolución de trámites.
4. Unidad de actuación: La ley promueve la colaboración entre las diferentes administraciones para evitar duplicidades y facilitar la realización de trámites. Se establecen mecanismos de coordinación y se fomenta el intercambio de información entre las distintas entidades.
5. Participación ciudadana: Se fomenta la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la administración pública. Se establecen mecanismos de consulta y se facilita el acceso a la información pública.
En resumen, es fundamental conocer nuestros derechos y responsabilidades para ejercer una capacidad de obrar adecuada. La Ley 39/2015 nos brinda un marco legal sólido que debemos tener presente en nuestro día a día. ¡No olvides informarte y actuar de manera responsable!