La Ley 39/2015, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 14 el punto de acceso electrónico de la administración, también conocido como sede electrónica. Este punto de acceso es una plataforma digital que permite a los ciudadanos y empresas realizar trámites y gestiones con la administración de manera electrónica.
La Ley 39/2015 tiene como objetivo principal modernizar y agilizar los procedimientos administrativos, facilitando el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos a través de medios electrónicos. El punto de acceso electrónico de la administración se convierte así en una herramienta fundamental para lograr este objetivo.
Gracias al punto de acceso electrónico, los ciudadanos pueden realizar trámites como solicitar certificados, presentar documentación, realizar consultas, realizar pagos, entre otros, de forma más rápida y sencilla. Además, el uso de la sede electrónica de la administración permite reducir la burocracia y los desplazamientos físicos, lo que supone un ahorro de tiempo y recursos tanto para los ciudadanos como para la administración.
No obstante, es importante destacar que el uso del punto de acceso electrónico de la administración no es obligatorio para todos los trámites y gestiones. La Ley 39/2015 establece que existen ciertas excepciones en las que se permite el uso de medios no electrónicos, como casos de urgencia, personas con discapacidad, entre otros.
En cuanto a la calidad de esta medida, es importante evaluar tanto los beneficios como las posibles limitaciones. Por un lado, el punto de acceso electrónico de la administración permite agilizar los trámites y gestiones, facilitando el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de manera más cómoda y eficiente. Además, contribuye a la reducción de la burocracia y los desplazamientos físicos, lo que supone un ahorro de tiempo y recursos.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no todos los ciudadanos tienen acceso a las tecnologías necesarias para utilizar el punto de acceso electrónico. Por tanto, es fundamental que se garantice la igualdad de acceso y se implementen medidas para facilitar el uso de esta plataforma a aquellos ciudadanos que no dispongan de los recursos tecnológicos necesarios.
Ley 39/2015: simplificando normativas
La Ley 39/2015 tiene como objetivo simplificar las normativas existentes.
Esta ley busca agilizar los trámites administrativos y mejorar la relación entre la administración y los ciudadanos.
Se establecen procedimientos más rápidos y eficientes para la tramitación de expedientes.
La ley establece la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos en las comunicaciones entre la administración y los ciudadanos.
Se crea el Registro Electrónico de Apoderamientos, que permite a los ciudadanos autorizar a otras personas para actuar en su nombre ante la administración.
La ley también establece la obligatoriedad de utilizar el Sistema de Interconexión de Registros, que permite compartir información entre las diferentes administraciones.
Se simplifican los procedimientos de notificaciones, permitiendo su realización por medios electrónicos.
En definitiva, la Ley 39/2015 busca simplificar los trámites administrativos y mejorar la relación entre la administración y los ciudadanos mediante el uso de medios electrónicos y la agilización de los procedimientos.
Ley 40/2015: Nuevas regulaciones en vigor.
La Ley 40/2015 es una normativa que entró en vigor el 2 de octubre de 2015 en España. Su objetivo principal es modernizar y simplificar la administración pública.
Algunas de las principales regulaciones que establece esta ley son:
1. Establece el principio de unidad electrónica de actuación administrativa, lo que implica que las comunicaciones y actuaciones entre la administración y los ciudadanos deben realizarse de forma electrónica.
2. Introduce el concepto de expediente electrónico, que sustituye al tradicional papel y busca agilizar y simplificar los trámites administrativos.
3. Establece la obligación de las administraciones públicas de publicar sus normativas y actos en un único portal electrónico, facilitando así el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
4. Regula el procedimiento administrativo común, estableciendo plazos máximos para la resolución de trámites y la obligación de notificar las resoluciones de forma electrónica.
5. Establece la obligación de las administraciones públicas de aceptar y tramitar documentos electrónicos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
En resumen, la Ley 39/2015 ha supuesto un importante avance en la modernización de la administración pública. El punto de acceso electrónico facilita el acceso y la gestión de trámites de manera más eficiente y ágil. Sin duda, esta ley ha mejorado la relación entre los ciudadanos y la administración. ¡Hasta pronto!