El presupuesto base de licitación es un elemento fundamental en los procesos de contratación pública, ya que establece el valor estimado del contrato y sirve como referencia para los licitadores. La ley 9/2017, conocida como la Ley de Contratos del Sector Público, introduce cambios significativos en la forma de calcular y determinar el presupuesto base de licitación.
Uno de los aspectos clave de la ley 9/2017 en relación al presupuesto base de licitación es la obligación de calcularlo de forma separada en los contratos de obras y de servicios. Además, se establece que el presupuesto base de licitación debe incluir todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, así como los gastos generales y el beneficio industrial. Esto implica que el presupuesto base de licitación debe ser realista y reflejar de manera precisa el coste total del contrato.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la ley 9/2017 establece que el presupuesto base de licitación debe ser publicado junto con los pliegos de condiciones en el perfil del contratante. Esto permite a los licitadores conocer de antemano el valor estimado del contrato y presentar sus ofertas de forma adecuada.
En cuanto a las recomendaciones, es fundamental que los órganos de contratación realicen un cálculo riguroso y detallado del presupuesto base de licitación, teniendo en cuenta todos los costes y gastos asociados al contrato. Además, es importante que se realice una revisión periódica de los presupuestos base de licitación, especialmente en contratos de larga duración o que se prolonguen en el tiempo, para asegurar que siguen siendo realistas y acordes a la realidad del mercado.
También es recomendable establecer mecanismos de control y seguimiento del presupuesto base de licitación, con el fin de evitar desviaciones significativas y garantizar la transparencia en los procesos de contratación.
Nuevo esquema de la ley 9/2017 disponible en formato PDF
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Nueva ley de contratos del sector público en vigor desde 2023
La nueva ley de contratos del sector público entrará en vigor en 2023. Esta ley tiene como objetivo modernizar y simplificar los procesos de contratación del sector público. Algunos de los cambios más destacados son:
1. Mayor transparencia: se establecen requisitos más estrictos en cuanto a la publicidad y acceso a la información de los contratos públicos.
2. Prohibición de contratos a dedo: se promueve la competencia y se limita la posibilidad de adjudicar contratos directamente, fomentando la concurrencia de empresas.
3. Simplificación de trámites: se busca agilizar los procedimientos de contratación, reduciendo la burocracia y los plazos de resolución.
4. Incorporación de criterios sociales y medioambientales: se valorará especialmente la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos.
5. Fomento de la innovación: se facilita la participación de pequeñas y medianas empresas y se promueve la contratación de servicios innovadores.
Estos son solo algunos de los aspectos más relevantes de la nueva ley de contratos del sector público. Su implementación busca mejorar la eficiencia y la transparencia en la contratación pública, garantizando una gestión más responsable y justa de los recursos públicos.
En conclusión, es fundamental que las empresas conozcan y apliquen correctamente el presupuesto base de licitación según la ley 9/2017. Esto les permitirá participar en procesos de contratación de manera efectiva y competitiva, y evitar posibles sanciones. No olvides consultar a expertos en la materia para obtener asesoramiento adecuado. ¡Hasta pronto!