El RDL 1/2015, también conocido como la Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad, fue aprobado en febrero de 2015 y tiene como objetivo principal establecer un marco legal que permita a las personas físicas insolventes tener una segunda oportunidad para reestructurar sus deudas y evitar la declaración de concurso de acreedores. Por otro lado, la Ley 25/2015, conocida como la Ley de Segunda Oportunidad, fue aprobada en julio de 2015 y también busca facilitar la reestructuración de deudas de las personas físicas, pero con algunas diferencias clave en comparación con el RDL 1/2015.
Una de las principales diferencias entre ambas normativas es el ámbito de aplicación. Mientras que el RDL 1/2015 se aplica únicamente a personas físicas, la Ley 25/2015 también contempla la posibilidad de acogerse a los mecanismos de segunda oportunidad a las personas jurídicas deudoras de buena fe.
Otra diferencia importante se encuentra en los requisitos para acogerse a la segunda oportunidad. El RDL 1/2015 establece que para poder beneficiarse de los mecanismos de reestructuración de deudas, el deudor debe encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente y no haber sido declarado culpable en un concurso de acreedores. En cambio, la Ley 25/2015 establece que el deudor debe encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente, pero no establece ninguna restricción respecto a la declaración de culpabilidad en un concurso de acreedores.
Otra diferencia clave se encuentra en los plazos para la exoneración de las deudas. El RDL 1/2015 establece un plazo máximo de cinco años para la exoneración de las deudas, mientras que la Ley 25/2015 establece un plazo máximo de diez años.
Además, la Ley 25/2015 introduce algunas medidas adicionales para facilitar la reestructuración de deudas, como la posibilidad de acogerse a un plan de pagos extrajudicial y la creación de un fondo social de viviendas destinado a personas en situación de vulnerabilidad.
Opción de dación en venta en código de buenas prácticas
El código de buenas prácticas establece la opción de dación en venta como una medida para evitar los desahucios y ofrecer una solución a las personas en situación de vulnerabilidad.
La dación en venta permite a los deudores entregar el inmueble al banco a cambio de cancelar la deuda pendiente. Esta opción debe ser considerada por las entidades financieras antes de proceder a un desahucio.
La dación en venta se regula en el artículo XX del código de buenas prácticas y establece que los deudores podrán solicitarla si cumplen con ciertos requisitos. Entre ellos se encuentran estar en situación de insolvencia, tener ingresos inferiores a un determinado umbral y haber agotado todas las posibilidades de llegar a un acuerdo con la entidad financiera.
Es importante destacar que la dación en venta no es una solución garantizada, ya que la entidad financiera tiene la potestad de aceptar o rechazar la solicitud. Sin embargo, el código de buenas prácticas incentiva a las entidades a conceder esta opción como una medida de responsabilidad social.
Reforma Ley Concursal: mayor protección para empresas en crisis
La Reforma Ley Concursal busca brindar una mayor protección a las empresas en crisis. Entre los cambios más destacados se encuentran:
1. Agilización de los procesos: se busca reducir los plazos y simplificar los trámites para que las empresas en crisis puedan reestructurarse o liquidarse de manera más eficiente.
2. Reforzamiento del principio de viabilidad: se promueve la continuidad de la empresa como objetivo principal, fomentando la negociación y el acuerdo entre deudores y acreedores.
3. Mayor participación de los acreedores: se busca dar más voz y voto a los acreedores en las decisiones de reestructuración o liquidación de la empresa.
4. Introducción de nuevos mecanismos de financiación: se facilita el acceso a financiamiento para las empresas en crisis, a través de la posibilidad de obtener préstamos con privilegio especial.
5. Mayor control judicial: se refuerza el papel del juez en el proceso concursal, garantizando una mayor supervisión y transparencia en las actuaciones.
En conclusión, tanto el RDL 1/2015 como la Ley 25/2015 presentan diferencias clave en cuanto a su enfoque y alcance. Es crucial comprender estas discrepancias para aplicar correctamente la normativa vigente. ¡Hasta la próxima!