El artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público establece una serie de obligaciones y responsabilidades que deben cumplir tanto los órganos de contratación como los licitadores en los procesos de contratación pública. Estas obligaciones y responsabilidades tienen como objetivo principal garantizar la transparencia y eficiencia en dichos procesos.
En primer lugar, el artículo establece que los órganos de contratación deben actuar de manera imparcial y objetiva, evitando cualquier tipo de favoritismo o discriminación hacia determinados licitadores. Esto implica que deben tomar decisiones basadas en criterios objetivos y justificados, evitando cualquier tipo de influencia externa que pueda comprometer la transparencia del proceso.
Además, el artículo establece que los órganos de contratación deben asegurar la igualdad de trato entre los licitadores, garantizando que todos tengan acceso a la misma información y oportunidades para participar en el proceso.
Esto implica que deben proporcionar toda la información necesaria de manera clara y accesible, sin establecer requisitos innecesarios o discriminatorios que puedan limitar la participación de algunos licitadores.
Por otro lado, el artículo establece que los licitadores también tienen responsabilidades en el proceso de contratación. Deben presentar sus ofertas de manera clara, completa y veraz, evitando cualquier tipo de manipulación o falsedad en la información proporcionada. Además, deben cumplir con todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y respetar los plazos establecidos para la presentación de las ofertas.
Asimismo, el artículo establece que los licitadores deben mantener la confidencialidad de la información proporcionada durante el proceso de contratación, evitando su divulgación o uso indebido. Esto es especialmente relevante en casos donde la información proporcionada pueda suponer una ventaja competitiva para otros licitadores.
Aprobada Ley de Contratos del Sector Público
La Aprobada Ley de Contratos del Sector Público es una normativa que regula la contratación pública en España. Esta ley tiene como objetivo principal mejorar la transparencia, la eficiencia y la igualdad de oportunidades en los procesos de contratación del sector público.
Algunos de los cambios más significativos que introduce esta ley incluyen la simplificación de los procedimientos de contratación, la promoción de la contratación electrónica y la incorporación de criterios sociales y medioambientales en los pliegos de condiciones.
Además, esta ley establece medidas para prevenir la corrupción en los contratos del sector público, como la obligación de publicar los contratos en el perfil del contratante y la limitación de los contratos menores.
Descarga del esquema de la ley 9/2017 en PDF
El esquema de la ley 9/2017 se puede descargar en formato PDF.
En conclusión, el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público establece las obligaciones y responsabilidades necesarias para garantizar un proceso transparente y eficiente en las contrataciones públicas. Es fundamental cumplir con estas disposiciones para fomentar la confianza y la igualdad de oportunidades en la gestión de los recursos públicos.